Todo por la Patria
es un artículo del juez español Joaquín Navarro Estevan publicado en el nº de LA ESTRELLA DIGITAL del 16 de agosto de 1999.
Todo por la patria
Joaquín Navarro Estevan
Entre la guerra de las pensiones -que está poniendo en las nubes el listón de la desvergüenza política- y la cruzada contra el GIL en Melilla y Ceuta -que a muchos sirve para salvar su alma con sólo decir estupideces- la detención del teniente coronel Máximo Blanco López, como presunto cerebro de una banda organizada de tráfico de drogas, casi pasa desapercibida para la opinión pública. Pero tiene una excepcional importancia. Si ya el escándalo de la UCIFA puso de manifiesto tramas de narcotráfico en el seno de la Guardia Civil, cuyos mecanismos de autocontrol fallaron estrepitosamente pese a la tosquedad de los procedimientos utilizados, lo del teniente coronel Blanco hace saltar todas las alarmas. No es un jefe más de la Guardia Civil. Estuvo durante mucho tiempo en el cuartel de Intxaurrondo, a las órdenes de Rodríguez Galindo, y fue denunciado, juntamente con éste, en el famoso y nonato "informe Navajas". Sorprendentemente, Blanco arremetió contra Galindo, al que acusó de diversas fechorías en relación con aquellas denuncias. Todo quedó en agua de borrajas. Galindo ascendió a general como si nada hubiese pasado y cuando ya los dientes del caso Lasa-Zabala se estaban clavando en sus costados, y Blanco siguió también su carrera sin contratiempos. Ahora volvemos a saber de él como presunto "capo" de una red de tráfico de hachís en la costa de Tarragona. Todo por la patria.
Nuestro teniente coronel ha dicho inmediatamente que se trata de una conspiración contra su persona. Nada ha añadido sobre por qué y para qué se ha conspirado. Por lo pronto, el juez ha decretado la prisión incondicional de Blanco, si bien atenuada por el hecho de que la cumple en el módulo militar de Alcalá-Meco. Como la justicia corporativa de nuestros militares sigue funcionando, la prisión de Blanco es más relajada y respetuosa que la del resto de los presos preventivos de nuestro país. A lo que se ve, el honor militar exige un tratamiento diferente, un distinto régimen penitenciario. Hay que dar la enhorabuena al teniente coronel Blanco. Es un buen espectáculo que la función se convierta en privilegio.
Pero lo que realmente tiene transcendencia es que los controles internos de nuestras policías fallen con tanto esplendor. La calificación de ese control era, a finales de los ochenta, según análisis comparados, cero patatero. Colectivos tan amplios, con tantas posibilidades de bordear o traspasar la frontera del delito, tanto en su relación con los ciudadanos como con presuntos delincuentes, tanto en relación con la prostitución como con el narcotráfico, necesitan controles internos eficaces y reiterados. Son la "avanzadilla" de la ley, la vanguardia del Estado y del derecho en el seno de la sociedad y de sus conflictos. Todo ciudadano bien informado sabe que la participación, en la mayoría de los países, de agentes de policía en en el tráfico y distribución de drogas es una realidad creciente y lacerante. Las ganancias pueden ser suculentas y el riesgo escaso. Cuando estas expectativas se aplican a personas con un modesto nivel de retribución, perfectamente informadas de de los niveles de corrupción existentes en las más altas cumbres de la política y los negocios, las tentaciones son muy fuertes. Cualquier control es escaso.
Pero si esto es así en general, mucho más lo es cuando la organización del Cuerpo de que se trata es rígidamente jerárquica, dada su naturaleza militar. Denunciar a un mando es siempre muy difícil pero si, encima, se trata de un mando militar dentro de una organización cerrada -como la Guardia Civil- en donde los avances de la democracia y del respeto a los derechos de los subordinados son muy lentos, las cosas se ponen casi imposibles. Nunca llegarán a comprender muchos políticos y muchos jefes de la Guardia Civil el enorme daño que hicieron al Cuerpo persiguiendo como si fuesen delincuentes a los promotores del sindicalismo dentro de la institución. Era más necesario que en ningún otro Cuerpo, para su "civilidad", responsabilidad y subordinación a la ley democrática. La cuestión no era -nunca lo fue- "descubrir" a la Guardia Civil como instrumento compacto presto a cualquier utilización política, huérfano de todo clima democrático y en manos de una oligarquía político-militar nada proclive a respetar la libertad y los derechos constitucionales de todos. Era precisamente la contraria: desmilitarizar el Cuerpo, convertirlo en una policía civil, democrática y responsable, y abrirlo a la realidad social integrándolo en ella, al margen de los cuarteles-gueto y de las viviendas-gueto. Así era mucho más difícil la aparición de Roldanes, Galindos, Quinteros, Blancos, etc. Así era mucho más fácil el servicio a causa de la libertad y la democracia. Así se hubiera "descubierto" a la Guardia Civil.
Pero no se quiso. El miedo a la democracia era especialmente intenso en cuanto a la Benemérita. Sería más difícil "gobernarla", se multiplicarían los conflictos, la obediencia sería racional y no ciega, los derechos de los guardias tendrían que ser respetados y ellos respetarían en mucha mayor medida los derechos y libertades de los ciudadanos. Cuando estalló el caso Roldán, casi nadie podía entenderlo. Pero era perfectamente entendible en la Guardia Civil "descubierta" por Barrionuevo y compañía. Es más: sólo era posible en esa Guardia Civil, en una estructura blindada frente a la democracia, sin pluralismo alguno, con una férrea disciplina jerárquica y con un sentido de la dependencia militar que envidiaria el propio Papado. En las sociedades cerradas son mucho más fáciles la corrupción, el crimen y el abuso. Son fronterizas con las sociedades secretas. Que a estas alturas se siga investigando la verdad sobre el caso Zabalza, sobre la muerte de Lucía Urigoitia, sobre la inmensa mayoría de los crímenes del GAL, sin que la cúpula de la Guardia Civil haya colaborado seriamente en las investigaciones, es un escándalo permanente. El hecho de que aún no se sepa (o no se diga, que saberlo se sabe) qué general de la Guardia Civil ordenó el triple asesinato de los jóvenes de Almería es simplemente repugnante.
Descubrir la Guardia Civil es, simplemente, "civilizarla", desmilitarizarla, hacer penetrar en ella los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. No van por ahí las cosas. En la penúltima normativa que se está proyectando sobre el personal de las Fuerzas Armadas se potencia el carácter militar del Instituto. Como dijo ingeniosamente José Bergamín, algunos entendieron que civilizar España era "guardiacivilizarla". Lo siguen entendiendo así. Seguirán proliferando los Blancos, las UCIFAS, los Roldanes, los Quinteros y demás. Y seguirán sin funcionar verdaderos controles internos que impidan o repriman las malas fechorías de unos y otros.